06/10/2017 | La Gendarmería allanó un estudio de radio cuando le hacían una entrevista a Cristina Kirchner La ex presidenta ubicó el sorpresivo operativo de la fuerza de seguridad en el marco de las presiones que soportan los medios críticos al Gobierno. Consideró que el periodismo hoy no tiene libertad para trabajar.“Gendarmería era una fuerza con prestigio y ahora es una fuerza de choque del Gobierno”, cuestionó la candidata a senadora por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, durante una entrevista en los estudios de Radio Pop adonde, minutos antes de que se anunciara su presencia allí, fueron integrantes de la fuerza de seguridad que responde a las directivas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a realizar un allanamiento. Durante la charla, la ex presidenta cuestionó las políticas de ajuste y tarifazos del la gestión de Mauricio Macri, lo mismo que las “presiones” a los medios de comunicación críticos. “No creo que el periodismo tenga libertad para trabajar”, dijo y denunció el “blindaje mediático” que “protege” al Gobierno.La entrevista de CFK con el periodista Beto Casella se dio en un marco enrarecido. Minutos antes de su llegada a los estudios ubicados en el barrio porteño de Palermo, un carro de Gendarmería y patrulleros de la Policía de la Ciudad rodearon el edificio, un paisaje bastante inusual para un medio de comunicación. Dentro, agentes concretaban un allanamiento judicial sobre las oficinas del Grupo Indalo. Ese dato fue el puntapié inicial de la charla periodística y la ex mandataria alertó: “Lo tomamos en broma pero no es para broma”.En ese punto, agregó que al Gobierno “le molestan las voces que muestran cosas” y alertó sobre “la impunidad” con que “ahora, en letras de molde, dicen que a fulano lo van a allanar, que a mengano le van a hacer tal cosa, que a tal grupo lo van a comprar y que lo van a apretar con esto o con aquello”. Paralelamente, negó que durante su gobierno se hicieran llamados telefónicos a los periodistas que cuestionaban su gestión. “Si alguien lo hizo, bastante mal le salió porque los medios nos mataban”, también recordó las sospechas que pesan sobre Gendarmería por la desaparición del joven Santiago Maldonado. Al respecto, recordó la relevancia internacional que tiene este caso y cuestionó las respuestas del Gobierno. “Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió explicaciones”. “Nunca se vio en democracia”, sentenció.Por otra parte se refirió “a los aumentos que ya llegaron y a los que se vienen” después de las elecciones del 22 de octubre próximo. Sostuvo que los aumentos en la luz, el gas y el agua “son inexplicables” e indicó que “si le preguntás a las provincias cuánto les aumentaron las regalías (después de los tarifazos en los servicios públicos) te van a decir ‘nada’”.“Los aumentos fueron solo para dar rentabilidad a las empresas como Edenor y Edesur, que son amigas del Presidente”, cuestionó y negó que durante su gestión los subsidios a los servicios públicos fueran “un regalo”. “Nadie regalaba nada. Los subsidios a las tarifas implicaban una inyección a la demanda agregada” que favorecía a la producción y al consumo de los trabajadores. No obstante, reconoció que “tal vez (esa tarifas) hubieran merecido un ajuste o reajuste, pero no” como los que aplicó el Gobierno nacional. Cristina Kirchner explicó que uno de los motivos por los cuales ahora se cuestiona su política de subsidios y otras medidas de su gestión tiene que ver con que el suyo fue “un gobierno que se enfrentó a quienes se creen dueños del país”. Entre ellos identificó a “los grupos hegemónicos” que tienen en sus manos algunos medios de comunicación y a las “patronales rurales”. “Ellos se sienten los dueños del país”, reiteró. “Nos bancamos ocho años de tapas que decían cualquier cosa”, dijo y afirmó que uno de los motivos fue “por haber recuperado la administración de los recursos de los trabajadores” que estaban en las AFJP y que luego fueron utilizados para costear la movilidad jubilatoria aprobada por ley. “¿Creés que eso fue gratis?”, le preguntó a Casella. No negó, sin embargo, que su administración hubiera negociado con alguno de esos sectores. “La negociación es un instrumento de todo gobierno, el problema es cuando te quieren imponer y te dicen ‘no puede salir la Ley de Medios’ o ‘no pueden salir las retenciones’”, relató. Con ellos, “nunca era negociación, era subordinación”, criticó. En un tramo de la entrevista se refirió a su distanciamiento con el dirigente camionero y por entonces titular de la CGT, Hugo Moyano, y sostuvo que ese conflicto pudo haberse producido de “una disputa de poder” por parte del sindicalista. “Muchos creyeron que al verme sola (después de la muerte de Néstor Kirchner) era el momento de avanzar” pero “yo hice lo que me dijo Néstor: ‘No permitas que nadie te imponga una decisión’”, recordó la ex presidenta y remató: “Algún día volveremos a hablar con Hugo.” En otro apartado de la entrevista, ante la consulta de si hubo “robos” durante su Gobierno, reiteró que fue “la presidenta en ejercicio más investigada” y aclaró que no fue a ella a quien “encontraron en los Panamá Papers”. “Todas las causas que se están armando son en base a mis declaraciones juradas, que ya fueron juzgadas”, puntualizó y advirtió que ahora “no se ven declaraciones juradas de diputados ni de funcionarios”.“Hay un montaje de todo esto que es brutal y no nos permite debatir los problemas que tenemos”, manifestó en la misma línea y volvió a apuntar contra el Gobierno por el blanqueo de capitales. “No te llama la atención que el Presidente tenga una declaración jurada infinitamente menor a la de su hermanito?”, volvió a preguntarle a Casella, al destacar que Gianfranco Macri era el que menos participación tenía en los negocios familiares pero a pesar de ello “tiene 5 veces más de patrimonio que Macri”.La ex presidenta se refirió a la supuesta “lucha contra las mafias” que enarbolan los funcionarios en sus discursos y lo redujo a una “mítica” que además, denunció, “no es sincera”. “El Gobierno pelea contra algunas mafias que no son las que están con ellos, pero el resto goza de muy buena salud”, señaló y comentó que el fallecido Momo Venegas, ex secretario general de UATRE no fue investigado, a pesar de que su hija “se la pasó diciendo que tenía una herencia incalculable” que se la había quedado el gremio.“Como marketing, bien, pero si vas a luchar contra las mafias, mirá un poquito para el costado”, recomendó a los funcionarios, al resaltar que el Momo era “sindicalista modelo” de la actual gestión. “Hizo campaña con Macri, festejó el 17 de octubre con él. Ahora, la justicia hizo callar a la hija del Momo con una sentencia diciendo que si hablaba le iba a poner una multa de 50 mil pesos”, añadió.Para CFK no quedan dudas de que después del 22 de octubre, “se viene un gran ajuste” y se preguntó si la sociedad está dispuesta a darle “un cheque en blanco al Gobierno” en las elecciones. “Ha habido una brutal caída del consumo y aumentó la desocupación. No hay laburo”, destacó y lo relacionó directamente con la política de endeudamiento que están llevando adelante desde el Ejecutivo.“Según Bloomberg, la provincia de Buenos Aires está en el 22º lugar, debajo de Qatar y el Sultanato de Omán”, contó y explicó que “contrajimos en la Provincia más deuda que la India, que tiene 1200 millones de habitantes y un alto poder adquisitivo cuando la Provincia tiene 12 millones”. Resaltó que el Gobierno lo puede hacer “porque hubo dos giles”, en referencia a Néstor Kirchner y a ella, que “hicieron del desendeudamiento de la Argentina una política de Estado”. “Ahora el mejor equipo de los 50 años nos está endeudando por 100 años y se van a hacer cargo todos, nuestros hijos y nietos”.La ex presidenta alertó además que el Gobierno “quiere restringir el acceso de los argentinos al hospital público”, a raíz del nuevo programa de Cobertura Universal de Salud (CUS), propiciado por los grandes laboratorios, que se puso en marcha el martes. “Con lo que están proponiendo, te van a poner una canasta limitada de servicios para suplantarlo”, añadió, al señalar que es parecido al sistema de salud norteamericano. En el mismo sentido, alertó que también “quieren avanzar con las prepagas y obras sociales” para que “reduzcan el servicio médico obligatorio con triquiñuelas”. “Pero no podemos restringir un servicio universal a una canasta”, opinó categórica.Al ser consultada sobre las causas judiciales en las que están involucrados funcionarios de su gestión, denunció que “el cronograma electoral coincide con el judicial” y expresó que “no es una coincidencia” las fechas en que empiezan determinados juicios. Para CFK, actualmente “hay una judicialización muy fuerte de la política”. “Hoy no hay Poder Judicial en la República Argentina porque el Gobierno la utiliza políticamente, aunque creo que es insostenible en el tiempo”, detalló.La ex presidenta puntualizó cómo la Justicia actúa diferente según quien sea el investigado, al hablar específicamente de los Panama Papers de Macri y las investigaciones en contra de su hija, Florencia Kirchner. “El Presidente aparece en una sociedad offshore y un juez dice que no tenía nada que ver porque tenía 23 años, pero dicen que mi hija, que tenía entonces doce años, es miembro de una asociación ilícita”, destacó.Casi al cierre del reportaje, Casella le consultó si había visitado a Julio De Vido o a José López después de las denuncias. De su ex ministro, CFK dijo que deberá dar, como cualquier ex funcionario, las explicaciones que le requieran, y volvió a señalar que lo de López fue “un episodio bizarro” y pidió que se requisen los contactos de su celular para ver “con quién habló los días previos”. “¡Cómo puede ser que nadie lo sepa si es tan fácil verificarlo? Seguramente con los teléfonos de mis secretarios hablaba mucho pero mucho menos de lo que hablaba con algunos empresarios”, advirtió al pedir que se investigue la cuestión porque “no puede ser que todavía no se hayan identificado los fajos de los billetes”. “¿Por qué no hay ningún empresario corruptor preso?”, se preguntó luego. INFO,GENTILEZA PAGINA 12

28/09/2017 | El monto es de hace unos 10 años y asciende a $700 millones. Se hará a través de una ley. También recategorizarán las escuelas en relación a este ítem. Quieren sumar al SUTE,En un departamento no oficialista y comandado por un intendente con quien las rispideces son cada vez más evidentes, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo hizo un tour de inauguraciones y visitas en las que aprovechó también para hacer anuncios para el Valle de Uco y toda la provincia. En Tunuyán, en la celebración del 100º aniversario de la creación de la escuela Ignacio Álvarez, anunció que les pagarán a más de 16.000 docentes la deuda por el ítem Zona, que asciende a $700 millones. Ante la presencia del intendente Martín Aveiro, que sí fue a este establecimiento escolar, pero no al acto de inauguración de la ampliación del hospital Scaravelli porque aseguró que no lo invitaron, el gobernador dijo que este pago se hará de una sola vez y, también, anunció que habrá una recategorización de los establecimientos escolares para el otorgamiento de este adicional que, buscan, sea consensuado con el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTE).Alfredo Cornejo tuvo un miércoles de recorrido por Mendoza. "Estamos proyectando pagar toda la deuda de una sola vez de la Zona en toda la provincia, y que data de hace por lo menos 9 años. Muchos han tenido que iniciar juicio para cobrarlas. En los años 2008, 2009 y 2010, a todo docente que pedía Zona le sacaban una resolución que decía que cuando haya dinero se le pagaría. Es decir, les daban la buena noticia, pero no les pagaban", dijo Cornejo, adelantando que el proyecto ya está hecho a partir de un trabajo conjunto entre la Dirección General de Escuelas (DGE), el Ministerio de Gobierno y el de Hacienda.Con respecto a la reestructuración, dijo que desarmarán lo que ya existía de anteriores gestiones, en cuanto a cómo delimitaban las zonas, apostando a un "criterio de estricta justicia" a partir de ahora. "Fundamentalmente pensamos en los mejores docentes para lugares como estos, donde se hace patria. En una escuela rural, lejos del microcentro, donde necesitamos la mejor calidad educativa porque queremos que los chicos y la familias se queden donde viven y trabajan sus padres, donde tienen mejor calidad de vida", recalcó en Tunuyán el mandatario.Dalmiro Garay, ministro de Gobierno, especificó con respecto a este nuevo proyecto que ya está redactado y que buscan trabajar con el SUTE para la reformulación de las categorías. "Hemos planteado un nuevo esquema de zona, para que ya no se mire si se está más cerca o más lejos de la Capital de Mendoza, sino el lugar dónde está la escuela, la conflictividad social de la zona, los alumnos que atienden, y si es rural o no", detalló. De este modo, algunas escuelas tendrían ahora más Zona y otras menos de lo que ya tenían categorizado. Con respecto a estas últimas, aseguraron que no se les descontaría del sueldo este adicional a quienes ya vienen cobrándolo de un modo determinado. "No vamos a atentar contra el derecho de nadie. El que tiene Zona la va a mantener. El caso es que algunos van a pasar a tener más Zona y los que empiecen a dar clases ahora se regirán por la nueva recategorización", dijeron.Ya está listo el proyecto y el pago sería para fin de año A pesar de que no haya fechas puntuales para saber cuándo se concretará el pago por el ítem Zona adeudado, adelantaron que ya tienen listo el proyecto de ley y que buscan que los docentes cobren la deuda antes de fin de año. "Tenemos que mandar un proyecto de ley porque tenemos que pedir autorización para que nos hagan reajustes de partidas internas, y vamos a abrir un registro de todos los que tienen sentencia o resoluciones que no han cobrado nunca", afirmó el ministro de Gobierno, Dalmiro Garay, que especificó que este beneficio alcanzará a más de 16 mil docentes de los 45.000 que tiene aproximadamente Mendoza, entre judicializados y aquellos que sólo hicieron reclamos administrativos.También dijeron desde el Gobierno que buscarán regularizar la deuda con el resto de los empleados de la administración central, que serían unos $600 millones adicionales.

29/09/2017 | Gremio y gobierno ventilaron polémicas acusaciones. La palabra de cada uno y de docentes que cuentan cómo es su realidad.Una vez más, la Dirección General de Escuelas (DGE) y el sindicato docente SUTE se trenzaron en polémicas acusaciones. Esta vez por las meriendas escolares. Por un lado, el gremio de maestros denuncia que hay un recorte del 30% en el presupuesto para la educación y que esto afecta, entre otras cosas, a las meriendas escolares. Afirman que el Gobierno elabora una lista de "promedio de asistencia" y envía las raciones en base al número de chicos que asisten a clases pero no para el total de la matrícula dejando a varios sin su porción cuando todos los alumnos van a la escuela. Por su parte, el titular de la cartera educativa, Jaime Correas, afirmó que el objetivo es que nadie se quede sin su merienda y que cuando hay déficit en un establecimiento, se envían más. Además, indicó que, acorde a informes de relevamiento que llegaron a sus manos, hay docentes que "se comen" las raciones que están destinadas exclusivamente a los alumnos."Entre un 40% y 60% de las escuelas de la DGE que tienen comedores, hay faltante de meriendas. Se ha hecho un recorte del 30%. Hay escuelas que se ven más afectadas que otras pero esta situación existe. En varios colegios, como por ejemplo, en la 4.231, Alberto Chalar de Lavalle, sucede que se da una tortita cada dos alumnos. Nombro esa porque es la primera que se me viene a la mente pero, como dije antes, entre un 40% y 60% de las escuelas atraviesan esto", expresó Alberto Múñoz, secretario adjunto de SUTE.Sebastián Henríquez, titular de Sute (Foto). Más temprano, el titular de gremio docente, Sebastián Henríquez señaló que actualmente el Gobierno aplica en las escuelas "un sistema de promedio de asistencia, qué significa: vienen 40 chicos, de los 70 de la matrícula y mandan esas raciones. Sin embargo, cuando vienen los demás, los que están registrados en la matrícula escolar, no alcanza y hay que empezar a partir el bollito de pan a la mitad. Entonces, la pasan mal los chicos, los docentes, celadores y directivos. Pero el Gobierno defiende el sistema de la asistencia promedio como guía", dijo.El Director General de Escuelas afirmó sentirse sorprendido por las declaraciones de Henríquez. "El día 12 de septiembre le envié una nota a (Sebastián) Henríquez tras su reclamo y al día de hoy no tengo respuesta. Le pedí que nos diera los datos concretos de esas escuelas para ocuparnos. El objetivo es que cada chico tenga su ración alimentaria. Pero cuando uno se lo pide por nota- incluso le envié mensaje por whats app- parece que conservaran el problema para poder quejarse", manifestó Correas.Y agregó: "Lo cierto es que hay una disposición de la cantidad de comida que se manda, si hay déficit en una escuela, se envían más raciones. Ojo, que en algunas escuelas bajamos la ración porque se la comían los docentes. Esto pasa en algunas escuelas, no en todas. No quiero que después digan que acuso a los docentes de comerse la comida de los chicos, pero en informes que me han llegado me han comunicado que esto está pasando", disparó Correas.Las declaraciones completas de Jaime Correas al programa Sin Verso de Radio Andina: La reacción del SUTE ante estas declaraciones de Correas no se hizo esperar. Calificaron sus declaraciones de "payasadas" y que sólo tienen que "con el plan de estigmatización hacia los trabajadores de la educación que vienen sufriendo desde la aplicación del ítem aula", dijeron desde el sindicato.Pero, ¿qué dicen los docentes sobre las meriendas?En medio del fuego cruzado entre SUTE y DGE, este diario consultó a docentes que trabajan en diferentes escuelas y que no están afiliados al sindicato de maestros sobre las meriendas escolares. Ambos afirmaron que lo que plantea el gremio es real y que es "lamentable" lo que se vive en algunos establecimientos mientras que en otro, "se derrochan bolsones" de comida."Que los profesores nos comemos las meriendas es una gran mentira. Es lamentable que se haya dicho esto. En las escuelas rurales, la merienda para los chicos es un momento importante. Se les manda, literalmente, media torta por alumno por día o un bollito de pan. Yo trabajo en una escuela de San Martín, lo que sucede ahí es que tenemos un Director que es genial y entre todos se acordó usar dinero de la cooperadora para poder comprarles un poco más a los chicos, pero esta es una escuela chica. Mi pareja, por otro lado, da clases en otro establecimiento donde, como los chicos son quizás de familias más pudientes, rechazan las meriendas. Ese colegio tiene una matrícula de alumnos muy numerosa y pocos la aceptan, otros prefieren comprar en el kiosco, entonces desperdician bolsones de tortas, literalmente que a una escuela en la que yo trabajo vendría muy bien", comentó un docente.Otro educador, esta vez de una escuela de Rivadavia, también relató una situación muy similar: "Se les envía media torta, que juro que es una mitad, y también yerbeado que es un saquito cada dos chicos. Lo digo porque trabajo ahí y lo he visto, nadie me lo contó. Aparte de eso se les envía una o dos veces por semana una fruta que normalmente es una mandarina. Hay ocasiones en las que no alcanzan para todos. El otro día estaba en uno de los cursos que fue al que le tocó último recibir su fruta y cuando vieron que no iba a alcanzar, sugirieron no entregarlas en ese curso. Ahí les sugería que igualmente las entreguen y que entre todos se convidaran. Si hubiese algo cerca para comprar, habría ido yo mismo a comprar más mandarinas y que todos tengan. Nunca sobra y los docentes vemos que es algo importante para los chicos, no conozco a ningún profesor que se coma las meriendas de los chicos. En mi opinión personal, el Gobierno no para con su intención de desprestigiarnos y, en base a todo lo que ha propuesto en estos tiempos, llegamos a pensar que lo quieren es privatizar la educación, realmente me cuesta creer a veces lo que pasa y más aún después de las acusaciones del Director General de Escuelas, dijo que no pasa en todas las escuelas pero dice que pasa y eso no es verdad, es lamentable", concluyó.