La situación se agravó durante la noche del jueves, cuando, según testigos y organizaciones, efectivos policiales intervinieron en la zona de San Martín y Garibaldi mientras se realizaba una concentración. Manifestantes relataron que la policía utilizó balas de goma y gases lacrimógenos para dispersar a los asistentes, lo que derivó en corridas, lesiones y un saldo de detenciones.
De acuerdo con denuncias difundidas por asambleas y colectivos sociales, el operativo dejó “cerca de una decena” de jóvenes detenidos. Las organizaciones señalaron que parte del despliegue se concentró frente a las instalaciones de Canal 9, donde se registraron incidentes y detenciones de manifestantes que, afirman, ejercían su derecho constitucional a la protesta.
En un comunicado urgente, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP) repudiaron “la violenta represión ejecutada por el actual Gobierno de Alfredo Cornejo” a través de la fuerza policial. “Las personas agredidas estaban haciendo uso de su legítimo y constitucional Derecho a la Protesta y a la Libre Expresión”, sostuvieron. El texto denuncia agresiones físicas, lesiones y encarcelamientos, calificándolos como “un grave atropello a las libertades democráticas y los derechos humanos”.
AMPAP difundió una lista de personas cuya detención fue confirmada, entre ellas: Renzo Gollano, Facundo Gollano, Santiago Algoberro, Enzo Puebla, Luis Pinti, Ema Garbo, Máximo Astorga y Bautista Franco. La organización exige su “inmediata e incondicional liberación” y reclama garantías para su integridad física y psíquica, así como el respeto de sus derechos procesales.
En paralelo, la vicegobernadora Hebe Casado se expresó en su cuenta de X con un mensaje que marcó la postura del Ejecutivo provincial frente a los incidentes. “El orden público no se negocia. No hay lugar para los violentos que atacan a policías y medios de comunicación. Sobre ellos caerá todo el peso de la ley. El que las hace, las paga en Mendoza”, apuntó contra los manifestantes con el mismo comunicado que emitió el Ministerio de Seguridad.
La cartera acusó "seis policías lesionados", ilustrando la acusación a los manifestantes con fotos que muestran a efectivos con leves escoreciones compatibles con los forcejeos provocados por la represión y persecusión de manifestantes.
El gobierno provincial, según fuentes oficiales, sostiene que el operativo respondió a hechos de violencia y la necesidad de restablecer el orden. En contraste, las organizaciones ambientalistas insisten en que la concentración era pacífica y que la intervención policial fue desmedida.
La represión denunciada generó una inmediata ola de indignación y solidaridad en redes sociales, con miles de publicaciones en Twitter, Instagram y Facebook. Usuarios compartieron videos y fotografías del operativo, incluyendo imágenes de manifestantes heridos y personas siendo reducidas en el suelo. Una de las fotos más difundidas muestra a un manifestante arrastrado durante el procedimiento, acompañada por la frase: “Esto no es justicia, es represión”.
Entre los mensajes destacados, se leyeron denuncias como las de @MariaLopezMdz (“Inaceptable. ¡Basta de represión!”), @EcoDefensor (“Imágenes escalofriantes. ¿Dónde quedaron los derechos humanos?”) y @JuanPerezMza (“Fue pacífico hasta que llegó la policía”). También se multiplicaron los llamados a la liberación de los detenidos, con publicaciones de cuentas como @AmigosDelAgua y @VerdeMendoza.
Los hashtags #ElAguaNoSeNegocia, #LiberenALosDetenidos y #MendozaResiste se ubicaron entre las tendencias nacionales, en un clima de fuerte movilización digital y articulación entre organizaciones y ciudadanos.
La repercusión trascendió el ámbito local. Greenpeace Argentina expresó su repudio a la represión y llamó a proteger el derecho a defender el medio ambiente. El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, habló de “un ataque a la democracia” y reclamó “justicia y respeto a los derechos humanos”.
Colectivos ambientales y de derechos humanos de distintas provincias sumaron su apoyo, insistiendo en que el conflicto por la minería metalífera en Mendoza debe abordarse con transparencia, participación ciudadana y garantías para el ejercicio de la protesta.
Las movilizaciones y el operativo policial reactivaron un debate sensible en la provincia: el equilibrio entre el desarrollo productivo y la protección del agua, un recurso central para la vida y la matriz económica de Mendoza. Mientras el gobierno procura sostener la seguridad y el orden público, las organizaciones sociales exigen que se garantice el derecho a manifestarse y que se revisen los proyectos mineros cuestionados.
El clima posterior al ruidazo deja una síntesis contundente: la ciudadanía organizada, las asambleas y referentes públicos colocaron nuevamente la discusión ambiental en primer plano, con la exigencia de claridad institucional, respeto por los derechos humanos y diálogo democrático para encauzar un conflicto que, por su profundidad, excede la coyuntura de una noche y atraviesa el futuro de la provincia. Compartí esta nota en redes sociales EL EDITOR
